Fuente: La Nueva España
4 de septiembre de 2011
Por Amaya P. GIÓN
La asociación Asgaya reclama una regulación clara del cultivo del cannabis que acabe con la inseguridad jurídica después de que dos de sus miembros fueran detenidos
La asociación de usuarios de cannabis Asgaya reclama una regulación clara del cultivo de esta droga que acabe con la inseguridad jurídica. La Guardia Civil detuvo el pasado 24 de agosto a dos jóvenes pertenecientes al colectivo, entre ellos, a su presidente, tras «descubrir» una plantación de 74 ejemplares de marihuana en Avilés.
Lo que para las fuerzas de seguridad es un supuesto delito, para las asociaciones cannábicas se mueve dentro del marco jurídico. «Asgaya es una asociación legal que cultiva cannabis dentro de la ley. Sólo distribuimos la marihuana a los miembros (dos gramos al día, unos cuatro porros), mayores de edad, en un circuito cerrado y sin ánimo de lucro. Queremos vivir en un ámbito de tranquilidad jurídica. No somos traficantes, somos gente normal», explicó a este periódico Juan Pedro Valbuena Fernández, uno de los detenidos y presidente del colectivo.
La detención de los dos jóvenes pertenecientes a Asgaya ha vuelto a poner de actualidad a los clubes sociales cannábicos, colectivos autorizados (están registrados y pagan impuestos) que comenzaron a constituirse en la década de los noventa del siglo pasado en España como alternativa al mercado negro, unos espacios privados donde los asociados pueden conseguir la marihuana para consumo personal. Se aferran a que desde 1974 el consumo personal de droga no está penalizado y a que hay varias sentencias favorables.
Martín Barriuso es el portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas, una organización que pretende aunar esfuerzos para conseguir cambios legislativos en la situación del cannabis en España. «En 2005 detuvieron en Bilbao a varios miembros de un club y se incautaron de 17 kilos de cannabis. La Audiencia de Vizcaya archivó la causa y obligó a la Policía a devolver las plantas requisadas. Los que empiezan acaban detenidos casi siempre. Es como el peaje que hay que pagar. Si lo que hacemos no es delito, que nos dejen de tratar como delincuentes. Hay que establecer unos límites», sostiene.
Las fuerzas de seguridad argumentan que el cultivo de cannabis está penado y apelan al artículo 368 del Código Penal, que establece penas de cárcel para «los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico» de sustancias estupefacientes. «Asgaya, como asociación, solicitó plantar cannabis, se le denegó y lo hicieron igual», aseguró una portavoz de la Guardia Civil.
El colectivo avilesino se inscribió en el registro general de asociaciones del Principado de Asturias el 24 de septiembre de 2009 y remitió cartas certificadas a la Policía Nacional, Guardia Civil y fiscalía antidroga del Principado de Asturias. «No obtuvimos respuesta hasta el día de la detención», aseguran en Asgaya.
«Son asociaciones destinadas a adultos y sacamos la droga de la calle, reduciendo el riesgo de difusión del consumo. En otros países están debatiendo la posibilidad de poner en marcha este modelo, y aquí, donde nació, vamos para atrás. Estoy invitado al Parlamento británico para exponer el funcionamiento de los clubes cannábicos. Lo quieren debatir. Aquí, en España, muchos de nuestros diputados no saben que el consumo está despenalizado», criticó Barriuso, presidente de la primera asociación que llevó a cabo una plantación en España, Kalamudia.
Lo que es ilegal es el consumo en la vía pública. Conlleva, además, una multa administrativa. «El modelo que tenemos es casi ideal en sí en mismo. En el mismo recinto planto, reparto y consumo. Nosotros hicimos un cambio de sede a la zona de cultivo para que no haya traslado. En el tránsito nos podían multar. Si llevas a casa la marihuana, también. Las fuerzas de seguridad deberían dar cobertura a las asociaciones en los traslados con algún tipo de control», planteó Juan Pedro Valbuena.
Lo que reclaman los clubes cannábicos es un marco claro de regulación. Entre sus demandas se encuentra un registro oficial de asociaciones de consumidores de cannabis y un protocolo de actuación con las fuerzas de seguridad para que las plantaciones que defienden como legales puedan ser controladas y protegidas. «Lo que buscamos es un movimiento de usuarios, no de mafias. No defendemos el todo vale», concluyó Barriuso.
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